La cara invisible del conflicto armado en Colombia

Muy publicitados son los secuestros. Muy publicitadas son las tomas guerrilleras y las bajas que les propina el Ejército a los grupos insurgentes de nuestro país. Muy publicitadas son algunas masacres llevadas a cabo por los actores armados al margen de la ley. Muy publicitada es la parapolítica y sus protagonistas. Y más publicitada aún es la política de Seguridad Democrática del gobierno del presidente Uribe. Pero, y a los cuatro millones de desplazados por la violencia, ¿dónde se les mienta?; ¿en qué medio de comunicación son protagonistas?

Nuestro conflicto es centenario, complejo, y al parecer casi imposible de resolver. Es una guerra constituida por miles de victimarios y por millones de víctimas. Desafortunadamente, tienen mucha más resonancia y reconocimiento los victimarios que las víctimas.

Y es tal vez porque el tratamiento que le han dado los diferentes gobiernos al conflicto se ha basado en lo militar; es decir, en tratar de erradicar a los victimarios. Sin embargo, la reparación económica, psicológica y moral de las víctimas ha sido casi nula. O lo que es lo mismo: la inversión y la atención en el aspecto social y humanitario del conflicto han pasado no a un segundo ni tercer plano, sino al último escenario para atender en el problema armado colombiano.

No es necesario hacer grandes estudios sociológicos para demostrar esto. Basta con dar una mirada a los semáforos y esquinas de las grandes ciudades del país, u observar la cantidad de campesinos desterrados que diariamente desembarcan en las terminales de transporte y que luego, como almas que lleva el diablo, arman sus ranchos en los barrios marginales de las urbes, para darnos cuenta de la magnitud del problema del desplazamiento en Colombia.

Sea por paramilitares, por guerrilla, por narcotraficantes o por integrantes del mismo Ejército colombiano, las gentes de los campos de nuestro país se ven forzadas a dejar todo lo suyo para llegar a una vida en la que, en definitiva, son “extranjeros”, forasteros, y viven y son tratados como tales.

Y las pérdidas económicas, a pesar de ser prioritarias, no son lo más grave. Más graves aún son las pérdidas culturales y sociales. El cambio radical de estilo de vida que lleva a que un campesino, acostumbrado a madrugar y a trabajar el campo de manera ardua pero en medio de la tranquilidad del ambiente rural, para luego encerrarse en su casa a eso de las 6:00 de la tarde, se vea en la necesidad de meterse en el caos urbano, en el que probablemente no conseguirá empleo y donde sus hábitos de vida serán completamente distintos.

Desde la década de los 50 del siglo pasado, cuando “La Violencia” consumía los campos colombianos, y liberales y conservadores pobres se mataban entre sí, y cuando los “colonos” llegaron a los Llanos Orientales a adueñarse de las tierras para montar grandes ganaderías, los campesinos tuvieron que migrar a las ciudades, tratando de conservar su vida, pero dejando todo lo suyo en el campo.

Pero para no ir más lejos, hoy tenemos el caso de Valdivia y Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, donde alrededor de cinco mil campesinos de la zona protestan por la erradicación manual de los cultivos de coca por parte del gobierno nacional.

Por una parte, es claro que estos cultivos son ilícitos y por tanto deben ser erradicados. Sin embargo, también hay que tener presente que la siembra de la coca se ha convertido en la única oportunidad laboral rentable para muchos campesinos de Colombia.

Así las cosas, teniendo en cuenta que presuntamente las Farc y otros grupos armados al margen de la ley y narcotraficantes estarían impulsando las protestas campesinas, el ambiente se ha vuelto muy tenso para los habitantes de las zonas rurales de la región, quienes al verse privados de su principal fuente de subsistencia, y bajo la presión de los diferentes grupos armados, probablemente se verán forzados a desplazarse de sus terruños, en busca de mayores oportunidades para subsistir.

Con este tipo de convulsiones sociales, que derivan en tantos desplazamientos, nos preguntamos entonces cuál es el verdadero papel de entidades internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR –, que también trabaja con los desplazados; y locales, como la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada – UAO –, en Medellín, que manejan propuestas tendientes al asistencialismo, pero con la ausencia de programas serios e integrales para proporcionarles a los desplazados oportunidades reales de subsistencia y desarrollo dignos.

Además, también cuestionamos la poca gestión del Estado colombiano en general, y en particular de los diferentes gobiernos, que desvían toda la responsabilidad hacia las organizaciones no gubernamentales, sabiendo que son las instituciones oficiales las primeras encargadas de responder a esta problemática.

Ahora: ¿por qué es tan grande la magnitud del desplazamiento forzado en Colombia? Porque es igualmente tremendo el conflicto armado en los campos de nuestro país.

Por ello, más que pensar en solucionar la adaptación de los desplazados a su nueva vida urbana, hay que centrar los esfuerzos en encontrar una salida negociada al conflicto armado, para que los desplazados puedan regresar a sus tierras, donde son verdaderamente productivos y donde están sus raíces culturales.

Por último, nosotros, desde El Letraedro, hacemos un llamado a los demás medios de comunicación nacionales, para que le demos mucha más relevancia al problema de los cuatro millones de desplazados en nuestro país.

Tal vez así, poniéndolo en la agenda pública, al fenómeno del desplazamiento forzado se le dé la importancia que se merece por parte de toda la sociedad colombiana. Con ello, quizás no logremos solucionar el problema, pero seguramente sí conseguiremos que la sociedad conozca la dimensión de esta ignominia, las heridas de este rostro cruel del conflicto interno colombiano que, para mucha gente, aún permanece invisible.